Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron pacíficamente en la sede del Poder Judicial de Tlaxcala para pedir que, a través del juez correspondiente, agilice el proceso para la libertad de Keren N., una joven que está presa desde hace nueve años, acusada de un secuestro que ella no cometió y en el que tampoco participó.
Al grito de «Keren libre, Keren libre», activistas expresaron que en la entidad hay un sistema de justicia que no privilegia los derechos humanos ni los de las mujeres.
“En un estado como Tlaxcala en donde, lamentablemente, persiste un grave problema de trata contra mujeres y otros problemas de violencia de género, la fiscalía ha decidido utilizar sus recursos en mantener privada de la libertad a una mujer inocente que fue relacionada mediante las peores prácticas y las más deleznables prácticas que persisten en nuestro sistema de justicia, como es la tortura, como son los malos tratos y la fabricación de pruebas”, expresó Melisa Zamora, abogada defensora del Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Keren N., fue detenida en diciembre de 2015, cuando estaba por cumplir 19 años y tenía un mes de haber dado a luz a una niña. Se reponía de una cesárea y de un embarazo de alto riesgo.
Exactamente el 11 de diciembre de 2015, su entonces pareja, Fernando Hernández Martínez, quien en estaba por cumplir 18 años; es decir que todavía era menor de edad, citó a Keren a una vivienda, en Xalapa, Veracruz, donde supuestamente estaba trabajando y allí le daría una cantidad económica para la pensión de la niña recién nacida.
Keren llevaba a su bebé en brazos, y justo al llegar a la casa donde la había citado, fue sorprendida por un operativo policial. En ese lugar, elementos de la entonces Policía Federal y Ministerial de Tlaxcala la detuvieron a ella, al padre de su hija y a un segundo hombre.
En el inmueble había una mujer secuestrada bajo cuidado de Fernando Hernández Martínez y de un segundo hombre identificado como Beymar Octavio Martínez Torres, pero Keren desconocía sobre el plagio.
“Toda la evidencia del expediente señala la participación de al menos siete personas del sexo masculino, del género masculino. En el expediente existen grabaciones de sus voces, periciales en materia de análisis y reconocimiento de voz, fe ministerial de teléfonos celulares; sin embargo, a quien pretenden atribuir la comisión de este brave delito, cometido por otras siete personas del sexo masculino, es a Keren”, apuntó Zamora.
Afuera de la sede del Poder Judicial afirmó que el secuestro sí ocurrió, pero no por autoría de Keren, sino de otras personas; además, destacó que, hasta la fecha, la víctima no ha manifestado ninguna acusación en contra de ella.
Indicó que, desde su detención, Keren fue sometida a tortura y violencia, la amenazaron con matar a su hija si no firmaba una declaración en la que ella se inculpaba.
La expareja de Keren, por ser menor de edad cuando cometió el delito, fue juzgado bajo las normas del sistema de justicia para menores infractores y por ello, el juez le dictó una pena de cuatro años, los cuales cumplió en 2019 y salió libre.
En cambio, Keren fue sentenciada a 50 años de prisión, de los cuales lleva nueve, y apoyada por las organizaciones de la sociedad civil busca su absolución y libertad.
“Keren está siendo juzgada por los actos que cometió su entonces pareja, además de otras personas. Keren no participó en este delito”, asentó la abogada.
En 2021, un juez concedió un amparo a su favor y ordenó reponer el proceso; es decir, que deberán dictar una nueva sentencia, pero la defensa confía en que esta sea absolutoria porque Keren es inocente y fue víctima de tortura y violencia.
“Este es un caso de violencia de género que ocurre en un contexto de violación sistemática contra la mujer. Este caso es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, ignorando las circunstancias y vulnerabilidades, y violencia previa en la que se encuentran las mujeres antes y durante la detención del proceso”.