El caso de Keren Selsy Ordóñez Hernández ha vuelto a llamar la atención después de que un juez en Tlaxcala reafirmara la condena de 50 años de prisión por secuestro, a pesar de las denuncias sobre irregularidades en el proceso. Kerem, quien fue detenida en 2015 junto a su hija recién nacida, ha sostenido que fue forzada a declararse culpable bajo amenazas y tortura. La defensa y organizaciones de derechos humanos, como el Centro Prodh, argumentan que su confesión fue obtenida mediante coerción y que el proceso judicial careció de perspectiva de género, omitiendo consideraciones sobre su condición vulnerable como madre lactante y mujer convaleciente tras una cesárea.
En 2019, Ordóñez fue sentenciada, mientras que su expareja, también implicado, recibió una pena de 4 años y fue liberado antes. En el contexto de este caso, se ha señalado una tendencia de discriminación por motivos de género en el sistema judicial, aplicando un estereotipo de mujer cuidadora al vincularla en el secuestro como supuesta vigilante de la víctima. Organizaciones y familiares continúan solicitando una revisión justa que considere las pruebas de tortura y la falta de implicación directa de Keren en el delito.
La defensa particular de Kerem anunció que presentará el recurso de apelación para impugnar esta sentencia, esperando que en segunda instancia se revierta esta gravosa condena.
“Después de un proceso plagado de irregularidades y dilaciones injustificadas , por el Juez José Eduardo Morales Sánchez” indicó su defensora.
Familiares de Kerem, hacen un llamado al gobierno estatal y federal para que revisen el caso, y haya pronta solución