La diputada del PAN en Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez se sumó al llamado nacional de su partido de no apoyar la reforma al Poder Judicial federal, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque significa la politización de ese poder para ejercer control sobre las decisiones judiciales.
Por tanto, desde el Pleno del Poder Legislativo local sentenció que no avalará cualquier enmienda que llegue a Tlaxcala para aprobar, en el proceso legislativo, el «bodrio» que representa tal reforma derivada de las «ocurrencias presidenciales».
«Ello, porque voy por la defensa de la independencia judicial. En el PAN, hemos sostenido que cualquier cambio al Poder Judicial debe garantizar su autonomía, sin comprometer su capacidad para actuar sin presiones políticas, hemos advertido sobre el peligro de estas reformas que intentan concentrar más poder en el Ejecutivo o que buscan ejercer control sobre las decisiones judiciales”, puntualizó.
Durante sesión ordinaria, la congresista exhortó a los senadores de su partido y a las fuerzas políticas de oposición, a cerrar filas a pesar de las presiones.
“Hago un enérgico llamado a los senadores de mi partido, y de todas las fuerzas de oposición, a cerrar filas para evitar esta terrible reforma. Entiendo las presiones, comprendo el riesgo que ello lleva, pero es por sus hijos, por sus nietos, por sus familias, es por todos nosotros, es por México, no a la reforma al Poder Judicial», remarcó.
Martínez Sánchez destacó que, históricamente, el PAN ha defendido la independencia del Poder Judicial como un pilar fundamental del Estado de derecho y de la democracia, y ha expresado su preocupación sobre intentos de reformas que pudieran debilitar esa independencia.
“En el PAN vamos por la transparencia y combate a la corrupción; aunque el PAN ha mostrado apertura a reformar el Poder Judicial en áreas como la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción interna, insistiremos en que cualquier reforma debe estar enfocada en fortalecer la confianza pública en la justicia y no en debilitar su independencia, o someter al Poder Judicial a intereses partidistas, especialmente en un contexto donde el partido en el poder busca consolidar su control en otras instituciones”, asentó.