El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, que prohíbe la instalación de chelerías en la vía pública, y quien lo haga se hará acreedor a sanción que va desde una multa, arresto o trabajo comunitario.
Según la propuesta, avalada por 62 votos a favor, que modifica la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad, las chelerías o puntos de venta irregulares de bebidas alcohólicas generan múltiples problemas como la perturbación del orden público, el incremento de accidentes de tránsito, hasta la violencia asociada al consumo inmoderado del alcohol, además del detrimento de la salud de los consumidores.
“Asimismo, el crecimiento desmedido de las llamadas chelerías han incentivado el consumo de alcohol entre jóvenes y menores de edad, además de carecer de controles sanitarios mínimos sobre la calidad del alcohol que se vende”, dijo la diputada Yuriri Ayala, secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Comentó que si bien la venta y consumo de bebidas alcohólicas son actividades de la vida social, debe haber un control adecuado de éstas para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y, sobre todo, la salud.
Por tanto, la iniciativa que significó una reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y que fue avalada por 62 votos a favor, considera como una infracción contra la seguridad ciudadana al vender bebidas alcohólicas en la calle, a excepción de aquellos casos ubicados dentro de ferias, romerías o festividades, que cuenten con autorización de las instancias administrativas competentes.
Esta conducta se sancionará con una multa económica de 21 a 30 Unidades de Medida Actualización (2 mil 171 a 3 mil 257 pesos), o arresto de 25 a 36 horas, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. Estas medidas entrarán en vigor a partir del 3 de octubre.
En este mismo dictamen se votó a favor de imponer penas de seis a 12 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a los propietarios de establecimientos u obras clausuradas o suspendidas que permitan que se sigan realizando actividades, aunque los sellos permanezcan intactos.
Ayala remarcó que la reciente reforma no sólo busca crear un efecto disuasorio, sino también facilitar la labor de las autoridades encargadas de la vigilancia y el control del comercio de bebidas alcohólicas “dotándolas de una herramienta jurídica adecuada para combatir estas prácticas”.
A su vez, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, señaló que estas reformas contra las chelerías son necesarias, pero falta probar si se pueden aplicar correctamente y si no hay permisividad de las autoridades.